Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad Federativa, se me ha comunicado el siguiente

DECRETO

NUMERO 17369.- EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL ESTADO DE JALISCO

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto regular los mecanismos de participación ciudadana en el Estado de Jalisco, en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal y municipal.

Artículo 2.- Para la aplicación de esta ley, se entenderá por reglamentos, decretos o decisiones administrativas trascendentales para el orden público o el interés social del Estado, aquellos que afecten directamente cuando menos a la mitad más uno de los municipios o bien a las dos terceras partes de la población del Estado o del Municipio según sea el caso.

Artículo 3.- En los casos previstos por el Artículo 34 de la Constitución Política Estatal, se entenderá por leyes trascendentales para el orden público o interés social, las leyes relativas a las siguientes materias:

I. Medio ambiente, ecología y agua;

II. Salud, asistencia social y beneficencia privada;

III. Derechos humanos, seguridad pública, comunicaciones y vialidad y transporte;

IV. Educación, cultura, turismo y deportes;

V. Electoral;

VI. Responsabilidades de los servidores públicos;

VII. Civil; y

VIII. Penal.

Artículo 4.- Para lo no previsto por esta ley, se estará a lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley Electoral del Estado de Jalisco.

TITULO SEGUNDO
DEL PLEBISCITO Y REFERENDUM

CAPITULO I
DEL REFERENDUM

Artículo 5.- El Congreso del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, o los ciudadanos que representen por lo menos el dos punto cinco por ciento de los electores de la entidad, podrán solicitar al Consejo Electoral someta a referéndum derogatorio los reglamentos y decretos emanados del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, que sean considerados como trascendentales para la vida pública o el interés social del Estado.

El Gobernador del Estado o los ciudadanos que representen cuando menos el dos punto cinco por ciento de los electores de la entidad, podrán solicitar al Consejo Electoral someta a referéndum derogatorio total o parcial, las leyes que expida el Congreso del Estado, que sean trascendentales para el orden público o interés social del Estado, en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 6.- Las reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado podrán ser sometidas a referéndum derogatorio, en los términos previstos en la presente ley, para las leyes expedidas por el Congreso del Estado, y podrán solicitarlo el Gobernador del Estado o los ciudadanos que radiquen en cuando menos la mitad más uno de los municipios del Estado, de manera proporcional a su número de electores.

Artículo 7.- La solicitud de referéndum que hagan los ciudadanos al Consejo Electoral, deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la publicación de la ley, reglamento, decreto o disposición que les afecte; así mismo deberá expresar si el carácter del referéndum es total o parcial y, en el último caso, señalar el o los Artículos que se pretenden someter a referéndum, además de los requisitos establecidos en el Artículo 14 de la presente Ley.

Artículo 8.- Cuando la solicitud sea presentada por el titular del Poder Ejecutivo o el Congreso del Estado, deberá hacerse dentro de los plazos y requisitos establecidos en la Constitución de la Entidad el Artículo 15, de esta Ley respectivamente.

CAPITULO II
DEL PLEBISCITO

Artículo 9.- El Congreso del Estado, con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá solicitar al Consejo Electoral someta a plebiscito las decisiones o actos del Gobernador, durante los treinta días anteriores o posteriores a su inicio, considerados como trascendentales para el orden público o el interés social del Estado, con excepción del nombramiento de los titulares de las secretarías o dependencias del ejecutivo.

Artículo 10.- El Consejo Electoral decidirá, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, previo estudio elaborado por el presidente, la trascendencia de la propuesta o decisión del Gobernador para el orden público o el interés social, que el Congreso del Estado solicite se someta a plebiscito.

Para la elaboración del estudio a que se refiere este artículo, el presidente podrá solicitar el apoyo técnico o de investigación de organismos e instituciones, del sector público o privado, para resolver sobre la trascendencia para el orden público o el interés de la decisión o acto que pretende someterse a plebiscito.

Dictaminada la procedencia, el Consejo Electoral elaborará la pregunta y expedirá la convocatoria correspondientes.

Artículo 11.- El Gobernador del Estado podrá solicitar al Consejo Electoral someta a plebiscito estatal, regional o municipal, propuestas o decisiones de su gobierno considerados como trascendentales para el orden público o el interés social del Estado.

Artículo 12.-El plebiscito municipal, previsto en el Artículo 84 de la Constitución Política del Estado, podrán solicitarlo ante el Consejo Electoral:

I. El Presidente Municipal, el Ayuntamiento o el Concejo Municipal, en su caso, antes de la ejecución del acto o disposición administrativa, cuando sean considerados como trascendentales para el orden público y el interés social; y

II. Los ciudadanos, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del acuerdo de cabildo o antes de la realización del acto, que residan en el municipio y representen cuando menos a un cinco por ciento de los electores, en los municipios cuyo número de habitantes sea inferior a trescientos mil; y en los que excedan de esa cifra, bastará que lo solicite un tres por ciento de los electores.

TITULO III
DEL PROCEDIMIENTO DEL PLEBISCITO Y DEL REFERENDUM

CAPITULO I
DE LA SOLICITUD

Artículo 13.- Los escritos de solicitud de procedimiento de referéndum o de plebiscito deberán presentarse ante el Consejo Electoral, quien asignará un número consecutivo de registro a las solicitudes de referéndum o de plebiscito, en el cual indicará el orden en que éstos han sido presentados y la fecha de su inscripción.

Artículo 14.- La solicitud que presenten los ciudadanos para promover los procedimientos de referéndum y de plebiscito, deberá presentarse en las formas oficiales que para tal efecto elabore y distribuya en forma gratuita el Consejo Electoral, las cuales deberán contener, bajo protesta de decir verdad, cuando menos los siguientes elementos:

I. Nombre del representante común de los promoventes;

II. Domicilio legal para recibir toda clase de notificaciones, el cual invariablemente deberá localizarse en la zona conurbada de la capital del Estado o en la cabecera municipal en su caso;

III. Especificación precisa y detallada de la ley, reglamento o decreto que será objeto de referéndum o, en su caso, el acto concreto de la autoridad que será objeto del plebiscito;

IV. Autoridad o autoridades de las que emana la materia de referéndum o del plebiscito;

V. Exposición de motivos precisa y detallada, por los cuales se considera necesario derogar la norma impersonal, general y abstracta mediante el procedimiento de referéndum o en su caso, impedir la realización del acto mediante el plebiscito;

VI. Cuando menos los siguientes datos, los cuales se asentarán en orden de columnas:

a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes;

b) Número de folio de la credencial para votar con fotografía de los solicitantes;

c) Clave de elector de los solicitantes;

d) Sección electoral a que pertenecen los solicitantes; y

e) Firma de cada elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la credencial de elector.

Artículo 15.- Los escritos para promover los procedimientos de referéndum y de plebiscito, presentados por el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, los presidentes municipales, los ayuntamientos o los concejos municipales, deberán contener cuando menos:

I. Nombre de la autoridad que lo promueve. En caso de tratarse de un organismo colegiado, el acuerdo que apruebe la promoción del procedimiento respectivo;

II. El precepto legal en el que se fundamente su solicitud;

III. Especificación precisa y detallada de la ley, reglamento o decreto que será objeto de referéndum o, en su caso, el acto de autoridad concreto a realizarse, que será objeto del plebiscito;

IV. Autoridad o autoridades de las que emana la materia del referéndum o del plebiscito;

V. Exposición de motivos, la cual debe contener en forma precisa y detallada las razones por las cuales consideran necesario derogar la norma impersonal, general y abstracta, si se tratare de un procedimiento de referéndum o, en su caso, los motivos por los cuales se considera que el acto de autoridad no debe realizarse, en caso de procedimiento de plebiscito; y

VI. Nombre y firma del titular del Ejecutivo, del Presidente y los secretarios del Congreso del Estado o del Presidente Municipal, de los integrantes del Ayuntamiento o del Concejo Municipal y del funcionario encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, según sea el caso.

Artículo 16.- Una vez presentada la solicitud ya sea de plebiscito o referéndum, sólo podrá operar el desistimiento en los casos en que el solicitante fuese alguna autoridad, la cual debe necesariamente motivar tal decisión. El desistimiento podrá hacerse valer diez días naturales después de publicada la convocatoria.

Artículo 17.- El Consejo Electoral acordará el procedimiento que deba seguirse para la verificación de la autenticidad de las firmas de los ciudadanos que respaldan y apoyan la solicitud respectiva. Dicho procedimiento se realizará invariablemente de manera aleatoria y podrá adoptar técnicas de muestreo científicamente sustentadas.

CAPITULO II
DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA

Artículo 18.- El Consejo Electoral, con el voto de cuando menos dos terceras partes de sus integrantes, previo estudio elaborado por el presidente, determinará si es trascendental para el orden público o el interés social:

I. La ley, el reglamento o decreto en el caso del referéndum; y

II. Las propuestas de decisión o actos del Gobernador y los actos o disposiciones de carácter administrativo, en el ámbito municipal, en el caso del plebiscito; en ambos casos de conformidad con esta Ley.

Para la elaboración del estudio a que se refiere este artículo, el presidente podrá solicitar el apoyo técnico o de investigación de organismos e instituciones, del sector público o privado, para resolver sobre la trascendencia para el orden público o el interés social de las leyes, reglamentos y decretos, así como de los actos o decisiones que pretenden someterse a referéndum o plebiscito, respectivamente.

Artículo 19.- Al día siguiente de recibir la solicitud, ya sea de referéndum o de plebiscito, el Consejo Electoral deberá notificar a la autoridad de la que presuntamente emanó el acto o norma objeto del procedimiento respectivo. La notificación necesariamente deberá contener:

I. La mención precisa y detallada de la ley, reglamento o decreto que se pretende someter a referéndum o, en su caso, el acto de autoridad municipal concreto que será objeto del plebiscito municipal;

II. Autoridad o autoridades de las que emana la materia de referéndum o de plebiscito; y

III. La exposición de motivos contenida en la solicitud del promovente.

Artículo 20.- La autoridad de la que presuntamente emanó el acto, legislativo o administrativo, dispondrá de un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, para hacer llegar sus consideraciones ante el Consejo Electoral, y podrá hacer valer alguna de las causales de improcedencia.

Artículo 21.- Son causas de improcedencia de la solicitud del procedimiento de plebiscito, las siguientes:

I.- Cuando el acto materia del plebiscito no sea trascendental para el orden público o interés social del Estado;

II. Cuando el escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea;

III. Cuando, en los casos en que la promoción fuere realizada por ciudadanos, las firmas de apoyo no sean auténticas, los ciudadanos firmantes no estén inscritos en el padrón electoral o los datos vaciados en el escrito no concuerden con los datos registrados en el padrón electoral;

IV. Cuando el acto objeto del procedimiento de plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad;

V. Cuando el acto no se ha realizado o no se pretenda realizar por las autoridades señaladas en el escrito de solicitud;

VI. Cuando la exposición de motivos sea frívola, no contenga una relación directa causa-efecto entre los motivos expuestos y el acto administrativo o que sea inverosímil o subjetiva.

VII. Cuando el escrito de solicitud sea insultante o atente contra la dignidad de las instituciones jurídicas o sea ilegible.

VIII. Cuando la solicitud respectiva no cumpla con todas las formalidades que se establecen en el presente ordenamiento.

Artículo 22.- Son causas de improcedencia de la solicitud del procedimiento de referéndum:

I. Que la ley materia del referéndum, no esté contemplada en el Artículo 3, del presente ordenamiento.

II. Cuando el escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea;

III. En los casos en que la promoción fuere realizada por ciudadanos, cuando las firmas de apoyo no sean auténticas, los ciudadanos firmantes no estén inscritos en el padrón electoral o los datos vaciados en el escrito no concuerden los datos registrados en el padrón electoral;

IV. Que la ley, el reglamento o el decreto objeto del procedimiento de referéndum se hayan reformado de manera que hubieren desaparecido las disposiciones objeto del procedimiento;

V. Que la ley, el reglamento o el decreto no exista o las autoridades señaladas en el escrito de solicitud no lo hayan emitido;

VI. Que la exposición de motivos sea frívola, no contenga una relación directa causa-efecto entre los motivos expuestos y la ley, el reglamento o el decreto o que sea inverosímil o subjetiva.

VII. Que el escrito de solicitud sea insultante, atente contra la dignidad de las instituciones jurídicas o sea ilegible.

VIII. Que la solicitud respectiva no cumpla con todas las formalidades que se establecen en el presente ordenamiento;

Artículo 23.- En el término de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se recibió la contestación de la autoridad de donde emanó el acto o norma a consultar, el Consejo Electoral, previo estudio elaborado por el presidente y con aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, deberá emitir un acuerdo en el cual declare, de manera fundada y motivada, la procedencia o improcedencia de la solicitud del plebiscito o del referéndum, según sea el caso.

Artículo 24.- El acuerdo que declare la procedencia del referéndum o del plebiscito, será publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, o en su caso, en la Gaceta Municipal o en el medio oficial de divulgación previsto por el reglamento municipal aplicable, incluyendo la convocatoria que deberá contener cuando menos los siguientes requisitos:

I. Fecha, lugar y hora de la jornada electoral;

II. Especificación precisa y detallada de la ley, reglamento o decreto que será objeto de referéndum o, en su caso, el acto de autoridad concreto a realizarse, que será objeto del plebiscito;

III. La pregunta o preguntas elaboradas por el Consejo Electoral;

IV. La autoridad o autoridades de las que emana el acto administrativo objeto del plebiscito o, en su caso, la ley, el reglamento o el decreto sujeto a referéndum;

V. El ámbito territorial de aplicación del procedimiento, anexando una relación completa de las secciones electorales donde se sufragará;

VI. La exposición de motivos por los cuales los promoventes consideran que el acto administrativo o la disposición materialmente legislativa debe ser revocado o derogado, según el caso;

VII. La exposición de motivos y de circunstancias especiales por las cuales la autoridad de la que emana el acto o disposición sujeta al procedimiento de plebiscito o de referéndum, considera que los ciudadanos debe emitir su voto a favor del acto administrativo o disposición materialmente legislativa, según sea el caso;

VIII. La naturaleza de la solicitud del procedimiento;

IX. El número de electores que tiene derecho a participar, así como el porcentaje mínimo requerido para que el acto administrativo pueda ser revocado o, en su caso, la ley, el reglamento o decreto pueda ser derogado;

X.- Normatividad y bases a las que se ajusta la consulta;

XI.- Consecuencias de los resultados que arrojaría la consulta.

XII. Las demás disposiciones reglamentarias del procedimiento respectivo y particular que consideren pertinentes.

Artículo 25.- Al día siguiente de que se declare la procedencia, se notificará a la autoridad de la que emanó el acto, misma que dispondrá de un plazo de 5 días naturales para hacer llegar la exposición de motivos relativa a las normas materialmente legislativas objeto del procedimiento de referéndum, expresando los aspectos y circunstancias que considere necesarias para que los ciudadanos emita su voto a favor de la disposición legislativa sometida a dicho procedimiento. En caso de que se trate de un procedimiento de plebiscito, manifestará las circunstancias y motivos por los cuales considera que las ciudadanía debe votar a favor del acto administrativo concreto sujeto al procedimiento respectivo.

Artículo 26.- El Consejo Electoral, en los casos de referéndum y de plebiscito, tendrá facultades para ampliar o modificar los plazos y términos establecidos en esta ley, cuando a su juicio exista imposibilidad material para realizar dentro de los mismos, los actos para los cuales se prevén, o así resulte conveniente para un mejor y debido cumplimiento de las diversas etapas del procedimiento respectivo.

El acuerdo o acuerdos del Consejo Electoral que determinen ampliaciones o modificaciones a los plazos y términos del procedimiento electoral, se publicarán en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, o en su caso, en la Gaceta Municipal o en el medio oficial de divulgación previsto por el reglamento municipal aplicable, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su aprobación.

CAPITULO III
DE LAS INSTANCIAS CALIFICADORAS Y MUNICIPALES ELECTORALES

Artículo 27.- El Consejo Electoral, según las necesidades del procedimiento, su naturaleza y el ámbito territorial de aplicación, establecerá la estructura mínima para que se realicen el plebiscito o el referéndum, pudiendo establecer las instancias calificadoras o municipales que requiera el caso, mismas que tendrán las facultades y atribuciones que les confiere la Ley Electoral del Estado..

CAPITULO IV
DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Artículo 28.- Las mesas directivas se integrarán de conformidad a lo que establece la Ley Electoral del Estado, y sus funcionarios tendrán las mismas facultades y obligaciones que dicho ordenamiento jurídico les confiere.

Artículo 29.- El Consejo Electoral, de conformidad con las necesidades particulares y específicas de cada procedimiento, decidirá el numero y ubicación de las casillas electorales, debiendo establecerse cuando menos una casilla por cada cinco secciones electorales contenidas en el área territorial donde se aplicará el procedimiento.

Artículo 30.- La preparación de las elecciones de plebiscito y de referéndum comprenden los siguientes actos:

I. La aprobación de la circunscripción territorial donde se aplicará el procedimiento y las secciones electorales que lo componen;

II. La publicación del acuerdo del Consejo Electoral donde se declare la procedencia del procedimiento de referéndum o plebiscito, en su caso;

III. La integración, ubicación y publicación de las mesas directivas de casilla; y

IV. La elaboración y entrega de la documentación y material electoral.

CAPITULO V
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ELECTORAL

Artículo 31- El Procedimiento electoral comenzará con la publicación del acuerdo del Consejo Electoral por medio del cual declare la procedencia del procedimiento de plebiscito o de referéndum.

Artículo 32.- Los habitantes y ciudadanos en el Estado, participarán en la realización de los comicios, en la forma y términos que señale la Constitución Política, la Ley Electoral, esta ley y demás ordenamientos aplicables en el Estado.

Artículo 33.- La designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Se nombrará, en primer término, a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla en las últimas elecciones ordinarias que se hubieren celebrado en el Estado, en caso de no localizarse, se requerirá la prestación del servicio a sus respectivos suplentes;

II. En caso de que no se completara el número de funcionarios de casilla necesarios con la aplicación de la fracción I de este Artículo, se estará a lo que disponga el Consejo Electoral por medio de acuerdos, para que designe a los funcionarios de casilla necesarios para completar el número de casillas previamente establecido. en términos del Artículo 250 de la Ley Electoral del Estado.

Artículo 34.- La organización de la jornada electoral corresponde establecerla al Consejo Electoral, para lo cual deberá aplicar, en lo conducente y de manera supletoria, las disposiciones relativas a la instalación, integración y ubicación de casillas, las que regulan la documentación y material electoral, así como el título octavo relativo a la Jornada Electoral, todos ellos contenidos en la Ley Electoral.

CAPITULO VI
DE LA DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL

Artículo 35.- Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el Consejo Electoral debiendo contener cuando menos los siguientes datos:

I. Entidad, distrito electoral, municipio, de conformidad con la naturaleza del sufragio y con la aplicación territorial del procedimiento, siempre y cuando la aplicación se efectúe en varios municipios o distritos electorales;

II. Sello y firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo Electoral;

III. Talón desprendible con folio.

IV. La pregunta sobre si el ciudadano ratifica o no, de manera íntegra, la norma que se somete a referéndum o, en su caso, si está conforme o no con el acto administrativo sometido a plebiscito;

V. Cuadros o círculos para el SI y para el NO;

VI. El articulado sometido a referéndum, en su caso, o una descripción completa del acto administrativo sometido a plebiscito.

Artículo 36.- Para las elecciones que se celebren con motivo de los procedimientos de plebiscito y de referéndum, no se observarán las disposiciones de la Ley Electoral relativas al establecimiento de la figura jurídica de representantes de los partidos políticos o coaliciones, así como sus facultades, derechos y atribuciones.

CAPITULO VII
VOTACION DEL REFERENDUM Y ADOPCION DE LA DECISION

Artículo 37.- Las leyes, reglamentos y decretos sometidos a referéndum, sólo podrán ser derogados por la mayoría de votos de los electores, siempre y cuando haya participado en dicho procedimiento cuando menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral correspondiente a la circunscripción territorial en la que se aplicó el procedimiento electoral respectivo.

Artículo 38.- Tratándose de referéndum de normas constitucionales, sólo podrán derogarse si así lo vota la mayoría de los ciudadanos de cuando menos la mitad mas uno de los municipios que conforman el Estado, y participa en dicho procedimiento electoral, un número de ciudadanos inscrito en el padrón electoral no menor al cuarenta por ciento.

Artículo 39.- El Consejo Electoral efectuará el cómputo de los votos emitidos en el procedimiento de referéndum y remitirá la resolución correspondiente al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”.

Una vez que la resolución que emita el Consejo Electoral sea definitiva, si es derogatoria, será notificada a la autoridad de la que emanó la ley, el reglamento o el decreto rechazado para que, en un plazo no mayor de treinta días naturales, emita el decreto correspondiente.

CAPITULO VIII
DE LA CAMPAÑA DE DIVULGACION

Artículo 40.- Campaña de divulgación es la actividad que el Consejo Electoral realice, a efecto de que los ciudadanos conozcan los argumentos en pro y en contra, del acto o norma que se consulta.

Dentro de las actividades que emprenda el Consejo Electoral como parte de la Campaña de Divulgación, se contemplan medios masivos de comunicación y debates.

Artículo 41.- Si durante el transcurso de la campaña de divulgación, la celebración de la consulta pudiere constituir desorden público o se observare un ambiente de intimidación para los votantes, el Consejo Electoral, previo dictamen elaborado por el Presidente correspondiente a los acontecimientos, deberá tomar alguna de las siguientes resoluciones:

I. Decretar la suspensión temporal de la consulta;

II. Decretar la suspensión definitiva de la consulta; o

III. Decretar la continuación del procedimiento, previo a que el Presidente solicite a la autoridad competente implementar las medidas de seguridad oportunas.

Una vez suspendida la consulta por el Consejo Electoral, éste deberá de enviar un informe fundado y motivado ante el Congreso del Estado, con las razones que determinaron la suspensión de la consulta.

La decisión de suspensión podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral.

CAPITULO IX
DE LA CALIFICACION DE LOS RESULTADOS

Artículo 42.- La calificación del procedimiento de referéndum y de plebiscito, la realizará la instancia que para tal efecto designe el Consejo Electoral, en los términos que el mismo determine, aplicando en lo conducente, lo que establece la Ley Electoral del Estado.

Artículo 43.- La instancia calificadora, enviará al Consejo Electoral, la totalidad de las actas de escrutinio y el resultado final de la votación que le correspondió contabilizar.

El Presidente del Consejo Electoral declarará oficialmente los resultados del referéndum o plebiscito, según sea el caso.

Una vez transcurridos los términos de impugnación y en su caso, causado ejecutoria las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado, el Consejo Electoral, remitirá los resultados definitivos al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de que publique dichos resultados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; así mismo remitirá los resultados finales a los medios de comunicación masiva y deberá publicarlos en dos diarios de mayor circulación en el Estado.

El Consejo Electoral notificará al Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo del Estado, al Ayuntamiento o ayuntamientos o a los concejos municipales, según sea el caso, a efecto de que en un plazo no mayor de treinta días, acaten el resultado final del procedimiento de referéndum, cuando éste le haya sido vinculante, y se abstenga de publicar el ordenamiento revocado dentro de los 18 meses siguientes.

Para el caso de los resultados finales del procedimiento de plebiscito, el Consejo Electoral notificará a la autoridad de la que emanó el acto o decisión materialmente administrativa, en un plazo no mayor de 30 días.

Los ayuntamientos o concejos municipales, publicarán a nivel local, a través de la Gaceta Oficial del municipio o en el medio oficial de comunicación previsto por el reglamento municipal aplicable, los resultados del plebiscito o del referéndum

TITULO CUARTO
DE LA INICIATIVA POPULAR

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 44.- Para efectos de esta ley, se entiende por Iniciativa Popular, la facultad que tienen los ciudadanos de presentar ante el órgano legislativo de la entidad los proyectos de ley o código, o de reforma a éstos, para que sea estudiada, analizada, modificada y en su caso aprobada.

Artículo 45.- Toda Iniciativa Popular que sea desechada, solo se podrá volver a presentar una vez transcurridos seis meses de la fecha en que fue presentada.

Artículo 46.- Para la aprobación de un dictamen que contenga una Iniciativa Popular, se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en el Título referente a Las Iniciativas.

Artículo 47.- Toda Iniciativa Popular que se presente deberá ir acompañada de su exposición de motivos.

Artículo 48.- Una vez presentada la Iniciativa Popular, los suscriptores no podrán retirarla de su estudio.

Artículo 49.- Para lo no establecido en el presente titulo se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

CAPITULO II
DE LA MATERIA DE LA INICIATIVA POPULAR

Artículo 50.- Es materia de Iniciativa Popular la Ley que otorgue derechos o imponga obligaciones a la generalidad de las personas, quedando excluidas las de carácter contributivo, las leyes orgánicas de los poderes del estado, de los organismos públicos autónomos, las de creación de los organismos públicos descentralizados y las de creación de fideicomisos públicos.

Artículo 51.- Las Iniciativas Populares deben presentarse sobre una misma materia, señalando la ley a que se refiere y no deben contravenir otras disposiciones legales ya sean federales o estatales, de lo contrario se podrá desechar de plano.

Artículo 52.- Las Iniciativas Populares que se presenten deberán ser única y exclusivamente sobre el ámbito de competencia estatal.

Artículo 53.- La Iniciativa Popular puede ser para reformar, modificar, derogar, abrogar o crear una Ley o Código.

Artículo 54.- El Congreso del Estado podrá desechar de plano toda Iniciativa Popular que no se refiera a la materia señalada en este capítulo.

CAPITULO III
DE LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR

Artículo 55.- El proyecto de iniciativa popular, deberá ser registrado ante el Consejo Electoral y se pondrá a disposición de cualquier ciudadano que lo solicite, y dentro de los quince días siguientes a que el Consejo emita el acuerdo fundado y motivado de la procedencia o improcedencia de la solicitud, ordenará se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación estatal para que los ciudadanos conozcan el contenido de la iniciativa popular, así como el nombre de su representante común y puedan decidir con certeza de convencimiento, si apoyan o no dicho proyecto.

Dicha iniciativa deberá dirigirse al H. Congreso del Estado, en hojas foliadas y selladas por el Consejo Electoral y se presentará en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo debiendo contener como requisitos indispensables:

I. El nombre, firma, número de folio de la credencial de elector, clave de elector y sección de los electores solicitantes de quienes la suscriben, debiendo ser estos al menos el 0.5% del total de los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al Estado de Jalisco;

II. Domicilio en la capital del Estado y un representante común para recibir notificaciones;

Ningún funcionario público podrá fungir como representante común.

El servidor público que distraiga recursos públicos para la presentación, promoción, desarrollo, seguimiento o cualquier trámite relacionado con la iniciativa popular, estará sujeto a las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco;

III. Exposición de motivos clara y detallada;

IV. Proposición concreta y que verse sobre una sola materia;

V. Proyecto en el que se especifique claramente el texto sugerido para reformar uno o varios Artículos de la ley o código que se trate, y cuando la reforma sugerida sea integral o se trate de una nueva ley o código, se asentará el articulado completo que se propone; y

VI. Los Artículos transitorios que deba contener la Iniciativa Popular.

Artículo 56.- Para toda iniciativa popular deberán observarse las reglas de interés general y no debe afectarse el orden público, evitando las injurias y términos que denigren, a la autoridad, a la sociedad o a un sector de ella, de lo contrario se tendrá por no interpuesta.

Artículo 57.- La falta de cualquiera de los requisitos a que se refiere este capítulo, es motivo para desechar la Iniciativa Popular de que se trate.

Artículo 58.- Una vez recibida la Iniciativa Popular, el pleno del Congreso del Estado la turnará a la Comisión que corresponda de acuerdo con la materia de que se trate.

El representante común podrá asistir a las reuniones de comisión, previa invitación por parte del Presidente de la Comisión correspondiente, para exponer los argumentos jurídicos, sociales y demás puntos relevantes, el día en que se discuta el dictamen relativo a la iniciativa popular cuya representación detenta, siempre y cuando no sea para descalificar el trabajo de las comisiones o de algún diputado en particular.

Artículo 59.- El Congreso del Estado tiene un plazo de dos meses para aprobar o rechazar la iniciativa a partir del día en que fue recibida por las comisiones, mismo que podrá ser prorrogado, previa aprobación por parte de la Asamblea cuando la naturaleza del asunto así lo exija.

TITULO QUINTO
DE LOS RECURSOS

Artículo 60.- Los solicitantes por conducto de su representante y poderes públicos que participen en el procedimiento, podrán impugnar las resoluciones pronunciadas por el Consejo Electoral y las instancias calificadoras, así como en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipal o estatal, aplicando en lo conducente lo establecido en la Ley Electoral del Estado, en materia de nulidades, recursos administrativos y medios procesales de impugnación.

El Consejo Electoral por acuerdo de sus integrantes, determinará las fechas términos y condiciones tanto para la solicitud de inscripción en el Registro Estatal de Electores, como para las solicitudes de rectificación, presentación del recurso y resolución del mismo.

TRANSlTORIOS

UNICO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

Salón de Sesiones del Congreso del Estado
Guadalajara, Jalisco, a 31 de enero de 1998

Diputado Presidente
Héctor Pérez Plazola

Diputado Secretario
Carlos Flores de la Torre

Diputado Secretario
Gabriel Guillermo Zermeño Márquez

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue, y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

El C. Gobernador Constitucional del Estado
Ing. Alberto Cárdenas Jiménez

El C. Secretario General de Gobierno
Lic. Raúl Octavio Espinoza Martínez

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL ESTADO DE JALISCO.

APROBACION: 31 DE ENERO DE 1998

PUBLICACION: 7 DE MARZO DE 1998. SEC. III.

VIGENCIA: 8 DE MARZO DE 1998

TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES

DECRETO NUMERO 18005.- Se reforman los Artículos 9, 55, 56 y 59, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el día 28 de septiembre de 1999. Sec. II.

DECRETO NUMERO 18446.- Reforma los arts. 12 frac. I; 15 primer párrafo y frac. VI; 24 primer párrafo; 26 segundo párrafo, 43 cuarto y sexto párrafo de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco.-Sep.19 de 2000. Sec. II.

DECRETO NUMERO 19121.- Se reforman los arts. 50, 55, 58 y 59 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco. Jul.28 de 2001. Sec. III.

DECRETO NUMERO 20520.- Adiciona Un párrafo al os arts. 10 y 18 y se reforma el art. 41.-Jun.24 de 2004. Sec. II.

FE DE ERRATAS.-23 de febrero de 2002.

COTEJADO CON PUBLICACIÓN EL DECRETO 20520 EL 6 DE AGOSTO DE 2004.